Amparo contra el Gobierno busca obligar a responder demandas agrarias

Organizaciones indígenas y campesinas interpusieron un recurso de amparo constitucional contra el Gobierno de Bernardo Arévalo por el incumplimiento del Acuerdo Agrario. La acción legal se presentó tras 30 días sin respuesta a un memorial previo, según indicaron los representantes.

El Acuerdo Agrario fue firmado el 7 de febrero de 2024 por el presidente de la República y cuatro organizaciones indígenas y campesinas. Los grupos señalan que el gobierno ha incumplido los compromisos establecidos en este documento.

Entre las líneas de acción fundamentales del acuerdo se incluye resolver la problemática de la tierra en el país. También se busca detener los desalojos y las órdenes de captura, situación que, según los representantes, no se ha cumplido.

Incumplimiento de compromisos

El acuerdo también contempla proyectos y programas de producción agrícola a cargo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA). Estos programas buscan atender la inseguridad alimentaria y el problema del hambre mediante producción a mediana escala, semillas, paquetes agrícolas, riego y compra de cosechas.

Los representantes de las organizaciones subrayaron que estos programas no han avanzado, y solo se ha implementado mínimamente el bono campesino. Además, el acuerdo establecía la creación de un Viceministerio de Economía Social y Popular, el cual, afirmaron, no ha sido establecido.

Otro compromiso incumplido es la implementación de la política de desarrollo rural integral por parte de la Secretaría de Coordinación de la Presidencia. Esta política incluiría la creación de gobiernos departamentales, pero tampoco ha progresado.

El gobierno también se había comprometido a abrir las «carreteras para la paz» y a establecer una institucionalidad robusta para atender la problemática agraria. Estas acciones, señalaron, no se han concretado.

Falta de diálogo

Los líderes campesinos denunciaron que han transcurrido siete meses sin ninguna reunión con el equipo técnico-político que el presidente Arévalo había establecido para abordar estos temas. Este equipo estaría encabezado por la secretaria privada de la Presidencia e incluiría a los ministerios de Agricultura, Desarrollo Social (MIDES) y Gobernación, así como la Secretaría de Coordinación de la Presidencia.

Un memorial fue presentado hace un mes, bajo el artículo 28 de la Constitución, solicitando una reunión de trabajo urgente con el presidente. Sin embargo, el mandatario no se manifestó, contestó ni se pronunció ante dicho documento, lo que generó un «silencio administrativo».

Esta falta de respuesta llevó a las organizaciones a interponer el amparo, agotando así el procedimiento de diálogo y las acciones legales que permite la Constitución. El recurso busca garantizar los derechos y obligaciones del Ejecutivo.

Próximas acciones

Si la Corte de Constitucionalidad (CC) otorga el amparo, el presidente de la República tendría un plazo de 24 o 48 horas para responder al contenido del pliego petitorio. De no hacerlo, el Ejecutivo actuaría en ilegalidad, según los demandantes.

Las organizaciones advirtieron que, de no obtener una respuesta favorable, tendrían la solvencia y el derecho constitucional para realizar protestas. Cualquier movilización, acción, protesta o marcha futura será responsabilidad exclusiva del Gobierno de Bernardo Arévalo por incumplir y violentar el Acuerdo Agrario.

El memorial presentado hace un mes buscaba una reunión de trabajo con el presidente, quien no se pronunció al respecto. Este silencio administrativo permitió a las organizaciones avanzar con el recurso de amparo.