El uso de cámaras para multas de tránsito desató la ruptura entre Fundantigua y la Municipalidad de Antigua
El sistema de vigilancia fue creado hace seis años con más de un millón de dólares del sector privado; el conflicto estalló cuando el actual alcalde incorporó personal municipal para imponer sanciones de tránsito.
Lo que comenzó como un modelo exitoso de colaboración interinstitucional terminó fracturándose por decisiones unilaterales del actual alcalde de Antigua Guatemala, Juan Manuel Asturias. Así lo relató el licenciado Jorge Rosales, de Fundantigua, al explicar el origen de la disputa por el sistema de videovigilancia de la ciudad colonial.
El modelo original
Hace seis años, ante una ola de inseguridad que ahuyentó al turismo —incluyendo el asesinato de un turista chileno en el Convento de La Merced— el sector privado de Antigua invirtió más de un millón de dólares para adquirir un sistema de videovigilancia compuesto por cámaras de seguridad, 1,024 botones de pánico e infraestructura de monitoreo.
El equipo fue cedido en calidad de uso al Ministerio de Gobernación y a la Policía Nacional Civil, con la Municipalidad como coordinadora logística. La operación quedó a cargo de los Lobos Grill de la PNC, y el sistema funcionó con éxito durante las administraciones de Susana Asencio y Víctor Hugo del Pozo.
El punto de quiebre
A mediados del año pasado, el alcalde Asturias incorporó personal municipal al sistema con el objetivo de emitir multas de tránsito, desviando el propósito original del convenio. Según Rosales, las multas llegaron a generar cerca de tres millones de quetzales anuales.
Fundantigua respondió solicitando que se eliminara esa práctica. Al vencerse el convenio anual —que se renovaba por razones fiscales— la fundación decidió no renovarlo con la Municipalidad, pero sí mantenerlo con la Policía Nacional Civil.