Comisión de Economía prioriza cuatro leyes clave para impulsar la agenda económica 2026

En un paso decisivo para la agenda legislativa 2026, la Comisión de Economía del Congreso de la República, presidida por el diputado Jorge Ayala, definió este miércoles la priorización de cuatro iniciativas de ley consideradas clave para dinamizar la economía nacional y modernizar la gestión pública.

Durante la primera reunión de trabajo del año, el legislador presentó una hoja de ruta que busca ordenar el debate parlamentario alrededor de proyectos orientados a la generación de empleo, el impulso a la inversión y el fortalecimiento de la cooperación internacional.

Hoja de ruta económica para 2026

En la sesión inicial, Ayala explicó que, de entre las iniciativas que integran la cartera de la Comisión de Economía, se seleccionaron cuatro ejes prioritarios para arrancar el periodo de trabajo.

El objetivo, según lo expuesto, es concentrar esfuerzos en propuestas que puedan tener un impacto directo en la atracción de inversiones, la creación de empleo en el interior del país y el aprovechamiento de programas de cooperación ya vigentes.

Entre las seleccionadas figuran la iniciativa conocida como “Promesa de Empleo”, así como una propuesta para exonerar de impuestos determinadas donaciones agrícolas provenientes de Estados Unidos. Ambas apuntan a articular el marco jurídico interno con políticas de desarrollo productivo territorial y programas de seguridad alimentaria.

Iniciativa “Promesa de Empleo”

La iniciativa denominada “Promesa de Empleo” propone la creación de un fondo orientado a subvenciones e incentivos para ampliar la capacidad instalada de fábricas y proyectos productivos en el interior del país, con énfasis en la descentralización de la inversión.

El proyecto plantea un “Programa para Modernizar la Economía con Subvenciones Aceleradoras” (PROMESA), diseñado para cofinanciar infraestructura productiva, adquisición de maquinaria, equipamiento especializado, certificaciones de calidad y capacitación técnica.​

De acuerdo con la exposición de motivos, se trata de un régimen especial de incentivos que combina instrumentos fiscales y no fiscales con el propósito de cerrar brechas regionales, fomentar empleo formal y fortalecer la competitividad de la industria nacional más allá del área metropolitana.

La apuesta central es que el Estado contribuya a crear condiciones para que nuevas plantas manufactureras y de servicios se establezcan en departamentos del interior, aprovechando mano de obra local y potenciando encadenamientos productivos.​

Exoneración fiscal para donaciones agrícolas de Estados Unidos

Otro de los proyectos priorizados es una iniciativa de ley que busca exonerar del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de los derechos arancelarios las importaciones de bienes, suministros, donaciones e insumos que realice el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) hacia Guatemala.

Esta propuesta se vincula con un convenio de cooperación suscrito en 2013 entre ambos países, que permitió la implementación de programas de donación de alimentos y apoyo agrícola, en beneficio de la lucha contra la desnutrición y el desarrollo del sector rural.

Según la exposición de motivos, el período de exoneración vinculado a dicho convenio está próximo a vencer, por lo que se considera necesario que el Congreso renueve y consolide este beneficio mediante una ley específica.

La intención es garantizar la continuidad de los programas de donación y cooperación agrícola, facilitando el ingreso de insumos y alimentos sin cargas tributarias adicionales, con impacto en comunidades vulnerables y en el fortalecimiento de la producción local.

Próximos pasos en la agenda de la Comisión

Con la definición de estas prioridades, la Comisión de Economía se dispone a elaborar el cronograma de audiencias, mesas técnicas y emisión de dictámenes que permitan trasladar las iniciativas al Pleno para su discusión en las diferentes lecturas.

La presidencia de la sala ha señalado que se buscará incorporar los aportes de sectores productivos, organizaciones sociales y entidades técnicas, con el fin de ajustar los textos a las necesidades actuales de la economía guatemalteca.