CC bajo asedio: 80% de amparos son rechazados por «abuso» de la figura
Claudia Paniagua, reelecta por la CSJ como magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad, retrata una Corte desbordada por amparos. “El año pasado ingresaron 10,000 expedientes, entre los 10,000, el 80% es acciones de amparo y apelaciones de amparo”, explicó. Admite que la figura se ha usado para “todos los temas” y reconoce: “Es correcto”, cuando le preguntan si se ha abusado del amparo. Solo “un 10 o un 15%” de esos recursos son otorgados o confirmados; “lo demás es rechazado” por no cumplir los requisitos legales.
La magistrada describe un ritmo frenético dentro del tribunal. “Podría decirle que ya esta magistratura y como suplente yo tengo una integración de lunes a jueves”, comenta. En esas jornadas, “a la semana se conocen 400 a 500 expedientes donde hay integración de titulares y suplentes”, lo que, según ella, “hace que exista una pronta y cumplida justicia”. Su lectura: la CC funciona como tribunal de cierre hiperactivo, pero obligado a filtrar una avalancha de amparos.
Paniagua insiste en que muchos planteamientos ni siquiera superan el umbral procesal. Los rechazos responden, dice, a que “no cumplen con los presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo y el Acuerdo 1-2013”. El dato es contundente: más de 8 de cada 10 acciones no llegan a resoluciones de fondo. Detrás de esa estadística, la magistrada sugiere un uso distorsionado del amparo como mecanismo para dirimir cualquier conflicto político, administrativo o personal.
La funcionaria ve en esa saturación un reto central para la nueva integración. El cambio a la novena magistratura se dará el 14 de abril, y, afirma, “hay que esperar que se termine de conformar la Corte y establecer cuáles serán los parámetros del primer presidente o presidenta que asuma la misma”. A su juicio, ahí se trazarán “las líneas” para gestionar un tribunal que recibe miles de expedientes en un contexto político altamente litigioso.
Paniagua asegura que la CC ya cuenta con “un plan estratégico ya afincado”, que deberá “reafirmar” o ajustar según el criterio de los nuevos magistrados titulares. Aunque no entra en detalles, sugiere que la gestión de carga y la claridad sobre los límites del amparo serán temas clave. En su lectura, el desafío no es reducir el acceso a la justicia constitucional, sino ordenar su uso para que la Corte no se convierta en la ventanilla automática de todos los conflictos del país.
La magistrada también pone sobre la mesa el papel de la academia y los jueces. Como compromiso ante la CSJ, plantea “viabilizar un poquito más desde mi punto de vista y ser más conocedores de la Ley de Amparo” entre jueces y magistrados que conocen amparos en primera instancia. La idea es que los filtros se apliquen desde abajo, para evitar que asuntos mal planteados o improcedentes lleguen masivamente a la CC.
Desde su rol docente, Paniagua advierte sobre lecturas superficiales de las sentencias. Dice a sus estudiantes que “ustedes leen qué es lo que se resolvió, solo leen la parte resolutiva; hay que leer todo en conjunto para poder comprender”. En un país donde “todos dan su opinión” en redes sin conocer “las normas constitucionales”, la magistrada vincula la masificación del amparo y las críticas a la Corte con una cultura jurídica simplificada, más pendiente del fallo que de su fundamentación.