Tres mecanismos bajo sospecha en el manejo del subsidio a combustibles

El diputado Orlando Blanco reveló tres mecanismos de corrupción en el manejo del subsidio al combustible y advirtió que el Congreso no aprobará una nueva iniciativa de subsidio en la sesión de este martes.

Subsidio pagado por encima de facturas reales

Blanco explicó que el primer mecanismo consistió en pagar el subsidio con base en el precio internacional de referencia, cuando las facturas de importación registraban valores más bajos. Esa diferencia representó una sobrevaloración de entre 15 y 20 centavos de dólar por cada galón. El diputado señaló que el error pudo haberse evitado si la ley hubiera establecido el pago conforme a las facturas de importación, auditables por la SAT.

El segundo mecanismo involucró el cálculo del consumo histórico de combustible. Blanco indicó que los 2,000 millones de quetzales destinados a financiar tres meses de subsidio se agotaron en dos meses, porque los registros mostraron un incremento del consumo del 34%, equivalente a 22 millones de galones extra de diésel, 15 millones de regular y 7 millones de súper. Según el legislador, ese volumen adicional no se explica por demanda real, sino por especulación y acaparamiento.

Precisó que los importadores —con capacidad de almacenaje para esos volúmenes— compraron el combustible a precio subsidiado, lo almacenaron y hoy lo comercializan sin subsidio en las bombas. Solo en esa operación, estimó pérdidas superiores a 260 millones de quetzales.

Subsidio terminó antes de que el combustible se agotara

El tercer mecanismo señalado fue el cierre anticipado del subsidio. Blanco detalló que el beneficio terminó el 2 de julio y los precios sin subsidio se aplicaron desde el 3 de julio, pese a que el ciclo de distribución establecía que el combustible ingresado al país tardaba entre 25 y 30 días en agotarse en las bombas. Bajo ese cálculo, los precios subsidiados debieron mantenerse hasta finales de agosto.

Blanco indicó que ya presentaron denuncia formal por estos hechos. Agregó que la nueva iniciativa de ley planteada por el Ejecutivo incorpora algunos de los mecanismos de control señalados, pero que no se ha avanzado en su implementación ni la SAT ha respondido los informes solicitados.

Sin ambiente en el Congreso para aprobar subsidio

El diputado confirmó que este martes no hay condiciones para conocer ni aprobar una iniciativa de subsidio al combustible. Atribuyó la falta de cabildeo principalmente al Ejecutivo, al que señaló de haberse limitado a enviar la propuesta a través de su bancada sin hacer los acercamientos necesarios. Blanco precisó que deberían coordinar esta gestión el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo.

Asimismo, señaló que el manejo «discrecional, anómalo y corrupto» del subsidio anterior ha generado desconfianza en el Congreso y que algunos legisladores han planteado como alternativa la suspensión temporal del IVA al petróleo y sus derivados, aunque advirtió que el impacto fiscal de esa medida sería considerable.

Comisión de postulación para Contralor, en el límite legal

Respecto a la comisión de postulación para el Contralor General de Cuentas, Blanco explicó que uno de los colegios de profesionales que debía elegir a su representante celebró su elección el jueves pasado y tiene un plazo de 72 horas para resolver impugnaciones, plazo que vence este martes a las 4 de la tarde. La ley establece que la comisión debía quedar instalada a más tardar este miércoles 12 de agosto.

El legislador aclaró que el retraso es responsabilidad del colegio y no del Congreso, que convocó la sesión de este martes para juramentar a los designados si la certificación llega antes de que concluya la sesión. De no ocurrir, la instalación quedaría para el jueves.

Blanco vinculó los intereses en torno a esa elección con el año preelectoral: señaló que el nuevo contralor será responsable de emitir los finiquitos necesarios para que candidatos se inscriban, y que hay entre 25 y 31 partidos con necesidad de tramitarlos, lo que representa más de 5,000 o 6,000 personas. También indicó que el informe fiscal 2025 de la Contraloría omitió sanciones y denuncias contra alcaldes respaldados por diputados que buscan su reelección.