Tres acciones de inconstitucionalidad ponen en la mira el Presupuesto 2025
Tres acciones de inconstitucionalidad han sido presentadas ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra del Presupuesto de Ingresos y Gastos aprobado para este año, abriendo un debate sobre su legalidad y posible impacto en la ejecución de proyectos y servicios públicos esenciales.
La primera acción fue presentada el 10 de diciembre por el diputado Bequer Chocooj, de la bancada Cabal, quien cuestiona las reducciones presupuestarias a varias instituciones clave, como la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), y la Escuela Nacional Central de Agricultura (ENCA), entre otras.
Según Chocooj, estas reducciones vulneran asignaciones establecidas por la Constitución. La CC ya aceptó la acción para su trámite y los magistrados analizarán los argumentos del congresista, quien ha difundido sus críticas mediante videos en redes sociales.
En una de sus publicaciones, Chocooj afirmó: “Le están quitando más de Q2,300 millones a la USAC, afectando el acceso a la educación superior para miles de jóvenes”. Además, instó a las autoridades universitarias y a los estudiantes a movilizarse en defensa de la institución.
La segunda acción fue presentada el 2 de enero por un grupo de abogados liderado por Miguel Balsells.
Este grupo argumenta que el Presupuesto 2025 incrementa de forma preocupante la deuda pública y contradice la Constitución al no respetar las asignaciones privativas para entidades como el Organismo Judicial, las municipalidades y el Comité Nacional de Alfabetización.
En su documento, los abogados señalaron que el Ministerio de Finanzas Públicas hizo una interpretación «discrecional» de los ingresos estatales, lo que habría llevado a una distribución incorrecta de los recursos.
Finalmente, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) presentó una acción parcial de inconstitucionalidad el pasado 6 de enero.
Los empresarios alegan que ciertas disposiciones del Presupuesto no cumplen con los requisitos legales y vulneran principios constitucionales relacionados con la transparencia y la adecuada asignación de los recursos públicos.
El Presupuesto de Ingresos y Gastos es una herramienta esencial para la administración pública, pues define cómo se utilizarán los impuestos, préstamos y otros ingresos del Estado para financiar obras y servicios.
Sin embargo, si las acciones de inconstitucionalidad prosperan, varios proyectos podrían retrasarse, afectando el desarrollo de las comunidades y la provisión de servicios básicos.
