Transportistas proponen modelo cooperativo para renovar el sistema
Marlon Prera, referente del sector transporte, planteó la necesidad de transformar el modelo de negocio actual en Guatemala hacia un sistema cooperativista. La propuesta surge como una alternativa a las alianzas público-privadas, buscando evitar la formación de monopolios y garantizar la inclusión de pequeños empresarios.
El riesgo de los monopolios en alianzas público-privadas
Durante un análisis sobre la evolución del transporte, se cuestionó si Guatemala debería adoptar modelos similares al de Renfe en España. Prera advirtió que, bajo el contexto nacional, estas estructuras suelen derivar en beneficios exclusivos para grandes empresarios, replicando casos como el de Transmetro.
Según el experto, estas fachadas de alianza desplazan a los micro y pequeños transportistas del mercado. El principal señalamiento radica en la concentración de subsidios estatales en pocas manos, lo que limita la competitividad y la equidad en el sector.
El modelo cooperativo como eje de modernización
Como solución integral, se propone la transición hacia un modelo de cooperativas que agrupe a los diversos actores del transporte. Esta estructura permitiría una gestión más democrática y eficiente de los recursos, asegurando que los beneficios lleguen a todos los niveles de la operación.
Impacto en la calidad del servicio y formalización
La implementación de este esquema traería cambios directos en la operatividad del sistema:
Renovación de flota: Facilidad para adquirir mejores unidades de transporte.
Dignificación laboral: Control estricto de pilotos mediante planillas legales.
Reducción de la informalidad: Transición de un sistema desarticulado a uno regulado profesionalmente.
El rol del Estado en la regulación
El cierre de la propuesta enfatiza que el Estado debe dejar de aplicar «medidas paliativas», como los limitadores de velocidad, para enfocarse en regulaciones estructurales. La exigencia del sector es que las autoridades obliguen a implementar mejoras reales que impacten en la seguridad y calidad del usuario.
El futuro del transporte en el país depende de una voluntad política que priorice el bienestar común sobre los intereses corporativos, permitiendo que la formalización de los trabajadores sea la base de un sistema eficiente y moderno.