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Nacionales

Transportistas piden detener multas por limitador de velocidad

18 de marzo de 2026
Transportistas denuncian "incapacidad estatal" y advierten medidas ante falta de prórroga para reductores de velocidad
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La Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (GRETEXPA) manifestó su profunda molestia y preocupación ante el inicio de operativos de multas por parte de la Dirección General de Transportes (DGT).

La crisis se centra en la imposibilidad de implementar el Certificado de SLV (Sistema de Limitador de Velocidad), una normativa que, según los transportistas, ha colapsado debido a la falta de disponibilidad de dispositivos en las empresas certificadoras autorizadas.

La crisis del Sistema de Limitador de Velocidad (SLV)

Según el comunicado dirigido a la Ministra de Comunicaciones, Ingeniera Norma Lissette Zea Osorio, de las 91 empresas que aparecen como certificadoras en el portal de PROVIAL, únicamente 16 proporcionan el servicio.

El problema se agrava porque, tras un monitoreo de la gremial, solo 7 empresas cuentan con el dispositivo de electroválvula, y actualmente ninguna tiene stock disponible para la demanda nacional. Esta situación deja a los transportistas en una situación de indefensión legal y técnica.

La disyuntiva del transportista

La gremial denunció que sus miembros se encuentran atrapados en un círculo vicioso de sanciones:

  • Si salen a trabajar: Son multados con 5 salarios mínimos por no portar el certificado del SLV.

  • Si no salen a trabajar: Son amenazados con la cancelación de sus Licencias de Operación por abandono de servicio e incumplimiento de itinerarios.

  • Falta de diálogo: GRETEXPA señala que diversas bancadas políticas y funcionarios del CIV han cerrado las puertas al diálogo tras haber apoyado inicialmente una prórroga.

Exigencia de cese a las multas de PROVIAL

La Junta Directiva de la gremial hizo un llamado urgente a la máxima autoridad del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) para que se abstengan de imponer multas mientras no se resuelva el desabastecimiento de los limitadores de velocidad.

Asimismo, exigen que el trámite para la obtención de códigos sea expedito para evitar lo que califican como una destrucción de los puentes de comunicación entre el sector transporte y el Gobierno.

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