Reforma penal crea unidad para evaluar riesgo de fuga de personas procesadas
Con el respaldo de 139 votos, el Congreso de la República aprobó una serie de reformas al Código Procesal Penal con el objetivo de reformular el uso de la prisión preventiva en el país.
La normativa establece un límite máximo de un año para la prisión preventiva, prioriza la presunción de inocencia y busca descongestionar el sistema penitenciario mediante el fortalecimiento y la aplicación de medidas sustitutivas.
La diputada Andrea Reyes, una de las impulsoras de la propuesta, señaló que los cambios aprobados abarcan la modificación o adición de 15 artículos al código procesal.
Entre las medidas centrales destaca la erradicación de la figura conocida como «prisión provisional», la cual mantenía a personas privadas de libertad por periodos prolongados sin un auto formal de prisión preventiva debido a la saturación de los tribunales.
Asimismo, la normativa contempla criterios humanitarios para otorgar medidas sustitutivas a sectores vulnerables, tales como personas mayores de 65 años, mujeres en estado de gestación, enfermos crónicos o personas con incapacidades. No obstante, Reyes aclaró que estas concesiones no implican impunidad, ya que vendrán acompañadas de controles severos como arraigo territorial, vigilancia domiciliaria o control telemático.
Un componente clave de la reforma es la creación de la Unidad de Medidas de Coerción bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia, un órgano encargado de evaluar de forma técnica el riesgo de fuga o de interferencia procesal de los imputados. Se prevé que la ley entre en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial, permitiendo a las personas procesadas por delitos excarcelables solicitar la revisión de sus medidas cautelares.