Qué implica la resolución que declara terrorista a la pandilla White Fence

La Corte Suprema de Justicia (CSJ), a través de la Cámara Penal, publicó este martes 17 de noviembre de 2026 en el Diario de Centro América la resolución que declara oficialmente a la organización criminal denominada White Fence (WF) —también conocida como Cercos Blancos o WF13— como Grupo Criminal Organizado Transnacional y Terrorista.
La resolución, emitida el pasado 5 de noviembre dentro del expediente 01004-2026-00856, declara con lugar la solicitud presentada el 14 de mayo por la entonces Fiscal General y Jefa del Ministerio Público (MP), en aplicación del artículo 2 de la Ley para el Combate Frontal de los Grupos Delictivos u Organizaciones Criminales Transnacionales y Terroristas denominados Maras o Pandillas (Decreto 11-2025).
Alcance de la resolución, clicas y estructura
De acuerdo con el fallo publicado en el diario oficial, la declaratoria abarca a toda la estructura de la pandilla y tendrá una vigencia inicial de cinco años a partir de su publicación, prorrogables por períodos iguales. Entre los puntos clave acreditados por las investigaciones del MP, la Policía Nacional Civil (PNC) y el Sistema Penitenciario destacan:
- Clicas incluidas: La designación alcanza directamente a las células identificadas como Vatos Locos Kings Sureños y Locos Santo Domingos, así como a cualquier otro subgrupo que surja o se derive de dicha organización.
- Presencia territorial: Las pesquisas documentan su origen en Estados Unidos en 1930 y su posterior asentamiento en Guatemala tras deportaciones masivas, operando principalmente en la zona 18 de la capital, así como en los municipios de San Pedro Ayampuc y Santa Catarina Pinula, donde delimitan su control mediante grafitis con las siglas «WF».
- Jerarquía interna: Se estableció una cadena de mando estricta dividida en cuatro niveles: ranfleros (máxima autoridad y planificación de asesinatos), homies brincados (ascendidos por participar en muertes violentas), chequeos (supervisión de extorsiones y ejecución de crímenes) y paros o colaboradores (vigilancia, cobro y alerta policial).
- Modo de operar: La estructura utiliza teléfonos móviles para exigir extorsiones bajo amenazas de muerte a comerciantes, transportistas y vecinos de las zonas bajo su dominio.
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Sustento legal y rechazo a oposición
Durante la audiencia respectiva, el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) se opuso al requerimiento fiscal argumentando que no se había individualizado a los líderes de la agrupación y solicitando que se declarara improcedente.
Sin embargo, los magistrados de la Cámara Penal desestimaron dichos argumentos al validar cinco informes de seguridad, inteligencia civil, análisis criminal y registros penitenciarios —incluyendo datos de privados de libertad vinculados a la estructura—, determinando que existen elementos suficientes sobre su permanencia, identidad grupal y uso del terror como medio de coacción. La resolución cuenta con las firmas de los magistrados René Guillermo Girón Palacios (presidente de Cámara Penal), Teódulo Ildefonso Cifuentes Maldonado, Luis Mauricio Corado Campos y Gustavo Adolfo Morales Duarte.