Qué cambios verán los guatemaltecos con la nueva Ley Antilavado
Uno de los principales beneficios de la nueva Ley contra el Lavado de Dinero será la reducción de trámites y requisitos que actualmente enfrentan los usuarios del sistema financiero. Así lo afirmó el diputado Julio Héctor Estrada, quien aseguró que la normativa abandona un modelo excesivamente burocrático para adoptar mecanismos basados en la evaluación de riesgos.
El legislador explicó que la legislación vigente obligaba a los ciudadanos a presentar repetidamente formularios, declaraciones y documentos para diferentes operaciones bancarias. Con la reforma, dijo, las instituciones podrán adaptar sus controles según el nivel de riesgo de cada cliente y transacción.
“Ya no va a tener que llenar sus formularios interminables en una cuenta bancaria”, afirmó Estrada al describir uno de los cambios que, según él, tendrá un impacto más visible para la población.
De acuerdo con el parlamentario, la nueva normativa busca sustituir un sistema centrado en el cumplimiento formal de requisitos por uno más eficiente y moderno. Esto permitirá simplificar procedimientos sin reducir la capacidad de detectar operaciones sospechosas.
Más garantías y penas más justas
Estrada también destacó modificaciones relacionadas con la protección de derechos y el debido proceso. Explicó que la nueva legislación exige demostrar la intención de ocultar recursos de origen ilícito para configurar determinados delitos vinculados al lavado de dinero.
Según indicó, esto evita que cualquier persona vinculada indirectamente a recursos provenientes de actividades ilícitas sea automáticamente considerada responsable de lavado de dinero sin acreditar elementos específicos de conducta.
El congresista añadió que la reforma corrige distorsiones existentes en el sistema de sanciones. Mencionó que anteriormente algunas condenas podían extenderse de forma desproporcionada debido a mecanismos relacionados con multas económicas y conmutaciones de penas.
“Lo más importante es que se modernice el sistema y se ponga en los estándares después de 25 años de no cambiarlo”, afirmó Estrada. A su juicio, el resultado será un marco legal más equilibrado, con mejores herramientas para combatir delitos financieros y menos obstáculos para los ciudadanos en sus actividades cotidianas.