Propuesta “Dignificación Laboral” busca regularizar empleados públicos temporales

El diputado Edmundo Lemus presentó este miércoles la iniciativa «Dignificación Laboral», que busca regularizar a empleados públicos contratados bajo renglones temporales y trasladarlos al renglón 011.
Según explicó el legislador en conferencia de prensa, miles de trabajadores en sectores como educación, salud, SESAN y MAGA desempeñan funciones permanentes —con horario fijo, supervisión y órdenes directas— pero son contratados bajo modalidades temporales como los renglones 021, 022 y 029. Esa condición los deja cada año con la incertidumbre de si serán renovados o no.
«Esta propuesta no pretende crear privilegios, sino que pretende hacer una justicia a estos trabajadores que por años han estado trabajando en condiciones desiguales», señaló Lemus. La iniciativa plantea un proceso que el diputado describió como «técnico, gradual y transparente», en el que la ONSEC tendría un papel central para evaluar mérito, experiencia y años de servicio.
#LaRedInforma | El diputado Edmundo Lemus presentó la iniciativa “Dignificación Laboral”, que busca regularizar a trabajadores del Estado contratados bajo renglones temporales y trasladarlos al 011.
Según explicó, miles de empleados en salud, educación, SESAN y MAGA realizan… pic.twitter.com/IBdpHRVQ4o
— La Red (@Lared1061) May 27, 2026
El costo de no regularizarlos
Lemus también argumentó que la propuesta tiene una dimensión de responsabilidad financiera. Indicó que cada vez que se despide personal temporal —especialmente en cambios de gobierno o de ministro— los trabajadores presentan demandas laborales que los tribunales suelen resolver a su favor, al determinar que existía una relación laboral real independientemente del renglón contractual.
Como respaldo, el diputado citó una publicación periodística según la cual el Estado desembolsó aproximadamente 724 millones de quetzales en el último año por concepto de salarios caídos, indemnizaciones, prestaciones y costas judiciales derivadas de demandas contra instituciones públicas, con 79 casos que superaron individualmente el millón de quetzales.