Préstamos «gota a gota» podrían llevar a la cárcel a quienes los ofrecen ilegalmente
El Congreso de la República mantiene bajo escrutinio público y legislativo un paquete de enmiendas clave para desbaratar y modificar iniciativas orientadas a combatir la usura y regular los procesos de cobro de deudas.
La propuesta, originalmente presentada por la diputada Nardia de León y trasladada a la Comisión de Economía presidida por el diputado Jorge Ayala, busca proteger el salario mínimo, permitir conciliaciones de deudas y penalizar con cárcel de 2 a 6 años a los prestamistas ilegales que operan mediante prácticas extorsivas como el sistema «gota a gota».
Durante el análisis legislativo, se explicó que el proyecto ha superado sus primeros debates, ubicándose en la fase previa al tercer debate y redacción final. Sin embargo, la discusión ha requerido enmiendas de curul para precisar el ámbito de aplicación, delimitar las tasas de interés razonables de mercado y evitar que los créditos formales se vean afectados, garantizando al mismo tiempo la persecución de estructuras de crimen organizado dedicadas a la usura.
El avance de la normativa enfrenta resistencia en la instancia de jefes de bloque, donde la falta de acuerdos ha impedido agendar su aprobación definitiva. A pesar de los obstáculos y del escrutinio en torno al impacto de los créditos informales, los impulsores confían en lograr los consensos necesarios para que el pleno agende el proyecto en las próximas sesiones ordinarias antes del receso parlamentario.