Presidente Arévalo reacciona a aprobación de Ley contra el Lavado de Dinero

Minutos después de que el Congreso de la República aprobara la nueva e integral Ley para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo, el presidente Bernardo Arévalo reaccionó con contundencia a través de sus redes sociales, calificando la jornada como una victoria histórica para la transparencia y la seguridad del país.
«Hoy gana Guatemala. Pierden quienes pretenden enriquecerse con el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado», sentenció el mandatario en su mensaje. «Porque proteger al pueblo también significa golpear al crimen donde más le duele: sus finanzas. Tenemos Ley Antilavado».
El pronunciamiento del jefe de Estado valida el núcleo de esta ambiciosa legislación, cuyo principal objetivo es desmantelar las estructuras económicas de las mafias mediante un drástico endurecimiento de controles y castigos penales.
Hoy gana Guatemala. Pierden quienes pretenden enriquecerse con el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado.
Porque proteger al pueblo también significa golpear al crimen donde más le duele: sus finanzas. Tenemos Ley Antilavado.
— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) June 3, 2026
El «golpe financiero» que celebra el Ejecutivo
El optimismo del presidente Arévalo se fundamenta en un articulado diseñado para asfixiar el flujo de capitales ilícitos en el país. Entre las herramientas más potentes de esta nueva normativa que permitirán «golpear al crimen donde más le duele», destacan:
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Penas severas e inconmutables: Quienes incurran en el delito de lavado de dinero enfrentarán prisión de 6 a 20 años inconmutables. Además, la ley introduce un agravante que eleva la pena en una tercera parte si el implicado es un funcionario público, atacando directamente la corrupción estatal.
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Asfixia al financiamiento terrorista: Las penas para quienes financien o administren recursos destinados a actos o grupos terroristas escalan hasta los 30 años de cárcel.
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Rastreo a la riqueza de los «PEP»: La condición de Persona Expuesta Políticamente (PEP) se mantendrá activa hasta un año después de haber dejado el cargo, garantizando que los exfuncionarios sigan bajo estricta lupa bancaria.
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Cierre de empresas fachada: Las personas jurídicas utilizadas para blanquear activos se exponen a multas de hasta $625,000 USD y, en caso de reincidencia, a la cancelación definitiva de su personalidad jurídica.
Un escudo que respeta la economía popular
A pesar de la rigidez de la nueva ley, el texto aprobado por los legisladores incluyó salvaguardas para calmar las alarmas de la población y alinearse con las promesas de bienestar social del gobierno. El Artículo 1 de la normativa deja claro que no se pretende criminalizar el uso de dinero en efectivo ni perseguir a la economía informal, enfocando el poder punitivo del Estado exclusivamente en las redes del narcotráfico y las grandes estructuras delictivas.
Con la entrada en vigor de este megablindaje y el respaldo público del presidente Arévalo, Guatemala da un paso crucial ante la comunidad internacional y los mercados financieros, enviando un mensaje tajante: el territorio nacional ya no será un terreno fértil para el dinero sucio.