Pérdida de cosechas agrava la inseguridad alimentaria en Guatemala
Alrededor de 7 millones de guatemaltecos vinculados al sector agrícola sufren los efectos del cambio climático, mientras que cerca de 3.5 millones se encuentran en niveles 3 y 4 de inseguridad alimentaria, según alertó el diputado Orlando Blanco.
El congresista señaló que las personas en esta situación enfrentan serias dificultades para garantizar su alimentación diaria y, en algunos casos, deben limitarse a uno o dos tiempos de comida.
Blanco responsabilizó al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) por la falta de previsión y respuesta ante la prolongada canícula, que se extendió por casi 40 días y habría provocado pérdidas en la primera cosecha de granos básicos.
El diputado cuestionó además la capacidad técnica de las autoridades de Agricultura para establecer con precisión la cantidad de hectáreas y cultivos afectados por las condiciones climáticas. Aseguró que esta falta de información dificulta dimensionar el impacto que la pérdida de cosechas tendrá en las familias que dependen de la producción agrícola.
A esta situación se suma, según Blanco, la limitada asistencia alimentaria disponible para atender a las comunidades afectadas. El legislador denunció que los recursos estarían siendo distribuidos de manera clientelar y política mediante diputados, alcaldes y gobernadores.
La ejecución presupuestaria también fue señalada como una de las principales preocupaciones. De acuerdo con los datos expuestos por el congresista, al octavo mes del año el MAGA registra una ejecución de aproximadamente 39 % de su presupuesto, mientras que el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) alcanza alrededor del 41 %.
Blanco afirmó que el MAGA mantiene pendientes de ejecutar más de Q1 mil 233 millones, recursos que, a su criterio, podrían ser determinantes para atender las necesidades de la población afectada por la crisis alimentaria.
Ante este escenario, el diputado anunció que promoverán un amparo para garantizar el derecho a la alimentación de las personas en condición de vulnerabilidad. También adelantó que impulsarán acciones legales por un supuesto incumplimiento de deberes y por el presunto uso político de recursos públicos.
La alerta surge mientras productores y familias rurales enfrentan los efectos de las condiciones climáticas adversas, una situación que podría aumentar la vulnerabilidad alimentaria si no se implementan medidas de atención y recuperación de las cosechas.