Multan a un restaurante de España por repartir comida a familias sin recursos durante el confinamiento
El propietario del restaurante La Lusitana Tasca y dos vecinas voluntarias han sido sancionados con una suma total de 4.200 euros, por repartir comida de manera solidaria a más de 80 personas sin recursos en la ciudad española de Valencia durante el confinamiento de la pasada primavera.
Los hechos sancionados tuvieron lugar a mediados del pasado mes de marzo, justo después de que el coronavirus obligara a cancelar las tradicionales Fallas valencianas, un célebre festejo popular en el que se prende fuego a grandes figuras artísticas de carácter satírico, y que atrae anualmente a decenas de miles de turistas.
«El 12 de marzo nos vimos obligados a cerrar el restaurante debido al confinamiento –explica Javier Márquez, propietario de ‘La Lusitana Tasca’–, y nos quedamos con un montón de comida almacenada que teníamos preparada para las Fallas, así que decidí ponerme en contacto con diferentes colectivos locales, como las asociaciones Brúfol y Espai Veïnal Cabanyal, para organizar un reparto a las familias más vulnerables del barrio». «Hicimos un total de 84 raciones de comida», añade.
Pero el plan, en principio tan sencillo como bienintencionado, se encontró con un obstáculo inesperado: la Policía Local valenciana se presentó en el establecimiento y acusó al restaurante de mantener su actividad normal cuando el estado de alarma decretado por el Gobierno lo prohibía.
Sin embargo, desde el local alegan que los agentes comprobaron in situ que lo que estaban llevando a cabo era «un reparto de comida a la gente desfavorecida del barrio».
Márquez recuerda el encontronazo con la Policía: «Llegaron en tono amenazante, incluso faltando un poco al respeto», explica, señalando que un agente «le dijo a una de las voluntarias», que le explicó que repartían comida de manera solidaria, «que se callara y dejara de hacerse la buena samaritana».
«A mí me dijo que haría lo posible porque no volviese a abrir mi negocio», añade.
Un mes más tarde empezaron a llegar las notificaciones de la sanción: 3.001 euros de multa al dueño del restaurante y 600 euros a cada una de sus dos colaboradoras más cercanas.
A este respecto, Márquez señala un elemento crucial en su reivindicación: «En el acta policial que dejan escrita en el momento pone lo que estamos haciendo realmente, repartiendo comida a gente sin recursos del barrio; pero después, en la denuncia que me llega a mí, indican que estábamos abiertos y desarrollando nuestra actividad normal». Algo que desde el restaurante niegan rotundamente.
«Nos negamos absolutamente a hacer el pago de estas sanciones», asegura Márquez.
Este lunes, el abogado que representa a los denunciados se puso en contacto «con el funcionario que lleva el caso en el Ayuntamiento», según explica el propietario del restaurante, que no obstante lamenta que este contacto no haya surtido ningún efecto de momento.