Iniciativa 6746 busca frenar extorsiones desde prisiones con bloqueo de señal
La Comisión de Gobernación del Congreso analiza la Iniciativa 6746 para frenar comunicaciones ilícitas en cárceles y fiscaliza el control de armas.
Fiscalización de armas
La Comisión de Gobernación del Congreso de la República, presidida por el diputado Sergio Arana, realizó dos reuniones para fortalecer la seguridad ciudadana y la fiscalización institucional. Los encuentros se llevaron a cabo en el Congreso de la República, en Guatemala.
En la primera sesión, la mesa de trabajo recibió a autoridades del Congreso. Posteriormente, se reunieron con representantes de la Dirección General de Control de Armas y Municiones (DIGECAM).
El objetivo fue evaluar los mecanismos de control y discutir mejoras en los protocolos de registro y fiscalización de armamento en el país. El diputado Arana destacó la importancia de mantener una comunicación fluida con las entidades ejecutoras para garantizar la aplicación eficiente y transparente de las leyes vigentes.
Iniciativa 6746
Como punto central de la jornada, la comisión inició el estudio y análisis de la Iniciativa 6746. Esta propuesta busca crear la Ley de Prevención y Sanción de Comunicaciones Ilícitas en Centros de Privación de Libertad.
La iniciativa propone establecer un marco legal riguroso para prevenir el uso de dispositivos móviles y señales de comunicación dentro de las cárceles. También busca sancionar penalmente a quienes faciliten o utilicen medios ilícitos para coordinar actividades delictivas desde los centros penales.
Adicionalmente, plantea controles tecnológicos obligatorios para bloquear señales de radiofrecuencia en el perímetro de las prisiones. «Estamos analizando detalladamente esta iniciativa porque entendemos que el control de las comunicaciones en los centros carcelarios es un pilar fundamental para reducir los índices de extorsión y criminalidad organizada en el exterior», señaló el parlamentario Arana.
La comisión continuará con el estudio y análisis de la Iniciativa 6746. Esto se realiza con el fin de fortalecer la seguridad y el control en los centros de privación de libertad del país.