Legislador explica qué cambiará con la reforma a la prisión preventiva

El diputado Héctor Aldana, integrante de la Comisión de Reformas al Sector Justicia, explicó que el recién aprobado Decreto 30-2026 corrige el veto presidencial anterior y busca garantizar el mandato constitucional de resolver la situación jurídica de todo detenido en un plazo máximo de 24 horas.
Según detalló el legislador, la normativa elimina figuras creadas en la práctica judicial que carecían de sustento legal, como las audiencias únicamente para informar el motivo de detención o la llamada «prisión provisional», mediante la cual se enviaba a personas a centros carcelarios sin haber celebrado su audiencia de primera declaración.
«El nuevo decreto es básicamente el que ya estaba, solo ampliando algunos temas de la vigencia, en el cual se pone para echar a andar esta ley 12 meses, pero también se le da 8 días para que empiecen a hacer los reglamentos», señaló Aldana tras las reuniones sostenidas con magistrados y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Alcances operativos y presupuesto para juzgados de turno
Durante su intervención, el parlamentario precisó las limitaciones de la reforma respecto a delitos graves y detalló el impacto financiero que representará para el Organismo Judicial (OJ) habilitar la cobertura nacional:
-
- Exclusión de delitos graves: Aclaró que los beneficios de medidas sustitutivas no aplican para ilícitos como extorsión, narcotráfico, lavado de dinero o delitos sexuales.
- Déficit de juzgados de turno: Indicó que actualmente no existen juzgados operando las 24 horas en todo el país, por lo que se requiere abrir aproximadamente 16 nuevos juzgados de turno, con un costo estimado de Q10 millones anuales por cada sede entre arrendamientos, equipo y personal.
- Destino de los Q50 millones: Aunque reconoció que la asignación extraordinaria de Q50 millones resulta insuficiente frente al costo total proyectado por el OJ, afirmó que servirá como incentivo inicial para habilitar nuevas judicaturas y crear la Unidad de Control de Medidas de Coerción, permitiendo que un juez en Guatemala sepa en tiempo real si un sindicado ya goza de medidas sustitutivas en departamentos como Quetzaltenango.
El diputado Héctor Aldana explicó que el Decreto 30-2026 corrige el veto presidencial y busca garantizar que la situación jurídica de los detenidos se resuelva en un máximo de 24 horas, entre otros cambios. https://t.co/xXcouq3Tir
— La Red (@Lared1061) November 18, 2026