Gremio de carga ve «impagable» la certificación de limitadores
El presidente de la Cámara Guatemalteca de Transporte de Carga (CGTC), Alejandro Ramírez, manifestó el respaldo del sector a la implementación de controles de seguridad vial, aunque lanzó una fuerte advertencia sobre los costos administrativos asociados. En una entrevista para La Red 106.1, el dirigente empresarial fue enfático en separar la intención de la medida de su ejecución económica.
«Nadie se está oponiendo al control de velocidad, nadie… nosotros estamos totalmente de acuerdo», aclaró Ramírez. Sin embargo, la postura del gremio cambia drásticamente al analizar los montos que las empresas deben desembolsar para certificar sus unidades bajo la normativa actual de 2026.
Un sistema de certificación bajo la lupa
La principal queja de la CGTC radica en la estructura de costos impuesta para la validación de los limitadores de velocidad. Según el representante del transporte de carga, el proceso de certificación ha dejado de ser una medida de prevención para convertirse en una carga financiera desproporcionada.
«El problema es la forma en que te están certificando… se volvió impagable», denunció Alejandro Ramírez. El líder gremial calificó como excesivos los cobros que deben enfrentar los propietarios de equipo pesado para cumplir con los requisitos legales vigentes.
Impacto financiero en las flotas
La preocupación se extiende al efecto multiplicador que estos cobros tienen sobre las pequeñas y medianas empresas de transporte. Las cifras reveladas por la cámara sugieren un impacto directo en la liquidez de las operaciones logísticas del país.
Desglose de costos por unidad:
-
Costo promedio por certificación: Entre Q1,800 y Q2,000.
-
Impacto en flota pequeña (10 unidades): Pago de Q20,000 aproximadamente.
-
Postura del sector: Respaldo técnico, rechazo económico.
Lo que necesitas saber:
¿Por qué esto cambia las reglas del juego para el transporte?
Porque transforma una medida de seguridad en un obstáculo operativo. Si bien el control de velocidad reduce accidentes, el costo de Q2,000 por camión obliga a las empresas a desviar recursos destinados a mantenimiento preventivo o renovación de llantas para pagar un trámite administrativo, lo cual resulta irónico en términos de seguridad integral.
¿A quién beneficia realmente este cobro de Q2,000?
La opacidad en la estructura de costos sugiere que el beneficio se queda en las entidades certificadoras autorizadas. Al no existir una regulación que tope los precios de estos servicios obligatorios, se crea un mercado cautivo donde el transportista no tiene opción de negociación, favoreciendo a intermediarios sobre la seguridad vial real.
¿Cuánto nos puede costar esto a los consumidores?
Todo costo operativo en la cadena de suministros termina en el precio final de los productos. Si el transporte de carga debe absorber millones de quetzales en certificaciones «impagables», es altamente probable que ese gasto se traslade al flete, encareciendo la canasta básica y los insumos industriales en todo el territorio nacional.
A partir de esta decisión sobre los costos, se espera una mesa de diálogo urgente entre el gremio y las autoridades de tránsito. Este hecho marca un antes y un después en la implementación de la ley, donde la seguridad vial corre el riesgo de quedar en segundo plano frente a la viabilidad económica del sector.