El vacío legal que impide obligar a familias a que evacúen
La reactivación eruptiva del volcán de Fuego no solo ha puesto a prueba la logística de rescate, sino que también sacó a la luz una severa limitación del marco normativo guatemalteco. A pesar del peligro inminente que representan los flujos piroclásticos, los cuerpos de socorro están imposibilitados legalmente para obligar a los ciudadanos a abandonar sus hogares.
La legislación que rige la gestión de riesgos en el país otorga a la Conred un papel estrictamente emisor de recomendaciones, dejando la decisión final de evacuación en manos de los propios habitantes. Esta condición impide que las fuerzas de seguridad ejecuten desalojos preventivos forzosos, incluso en los momentos más críticos de una erupción volcánica.
Claudinne Ogaldes, secretaria ejecutiva de la Conred, reconoció la urgencia de discutir este tema en el ámbito legislativo durante una entrevista en La Red 106.1. La funcionaria explicó que la falta de herramientas coercitivas expone innecesariamente a las familias y al propio personal de socorro que debe reingresar a las zonas de peligro.
«Lamentablemente la ley no es coercitiva y no podemos obligar a nadie a salir; es una recomendación que hacemos a la población para preservar la vida», explicó sobre los límites de su jurisdicción.
Ante esta realidad, las autoridades de la Conred contemplan impulsar una agenda de cabildeo en el Congreso de la República para modificar la ley del sistema. La meta es dotar a la institución de facultades legales para ordenar evacuaciones obligatorias cuando exista una declaratoria formal de desastre o riesgo extremo.
La titular de la entidad subrayó que en los alrededores del volcán de Fuego existe una declaratoria de alto riesgo desde 2018, bajo la cual técnicamente no debería habitar ninguna persona. Con la reforma legal propuesta, Ogaldes busca garantizar que el Estado prevalezca en la protección de la vida humana por encima de cualquier resistencia comunitaria.