Diésel recibe menor beneficio: transportistas cuestionan las medidas aprobadas por el Congreso

La reciente aprobación por urgencia nacional del Decreto 22-2026 en el Congreso de la República de Guatemala, el cual exonera temporalmente del IVA y del Impuesto de Distribución de Petróleo (IDP) a los combustibles, no representa una solución integral para el transporte de carga y genera distorsiones fiscales en el sector formal. Así lo advirtió Alejandro Ramírez, representante de la Cámara de Transporte de Carga Guatemalteca.

De acuerdo con Ramírez, la medida que busca proyectar un alivio en los precios de los combustibles abre un problema fiscal para las empresas formales que facturan el 100% de sus servicios. Al adquirir el diésel sin IVA pero emitir facturas con el impuesto implícito, el diferencial del crédito fiscal no compensado se convierte en un costo operativo directo que debe ser absorbido por los transportistas.

Asimismo, el sector transporte cuestionó la proporción de las reducciones establecidas en la normativa, las cuales otorgan un menor beneficio al diésel (Q6.45 en un escenario proyectado) en comparación con la gasolina súper (Q9.00) y la gasolina regular (Q8.75). «Han subsidiado más a la gasolina súper cuando el diésel es el combustible que realmente mueve la economía y transporta los productos en el país», afirmó el directivo.

Ante la alta volatilidad del mercado internacional por conflictos geopolíticos y factores externos, el gremio aboga por el Decreto 21-2026, el cual propone la fijación de un precio tope de Q39.00 para el galón de diésel. Según la gremial, una medida fija daría certeza a los costos de operación y evitaría la constante descapitalización y pérdida de flujo de caja que sufren las empresas al negociar tarifas con sus clientes.