Deuda para funcionar y fondos sin evaluación: las dudas que rodean al presupuesto 2027

El análisis del presupuesto nacional revela que una parte significativa de los recursos se destina a cubrir gastos de funcionamiento mediante endeudamiento público, lo que compromete las finanzas de futuras generaciones sin garantizar un beneficio tangible a largo plazo.

Según los expertos, las asignaciones políticas a través de los Consejos Departamentales de Desarrollo y los aportes extraordinarios se han convertido en la principal moneda de cambio entre el Ejecutivo y el Congreso de la República.

Durante el proceso de aprobación, se observa una dinámica recurrente en la que los proyectos presupuestarios sufren modificaciones o quedan sin efecto en las cortes, lo que obliga a retomar normativas anteriores o implementar ampliaciones de última hora.

Esto ha afectado particularmente a carteras como el Ministerio de Comunicaciones, cuyos espacios presupuestarios se diluyen y terminan ejecutándose en partidas distintas a las planificadas originalmente.

Asimismo, los especialistas señalan una grave carencia de evaluaciones y monitoreos de los programas ya ejecutados. La inclusión de nuevas asignaciones para programas inéditos —como fondos para movilidad eléctrica o adquisición de tierras— se realiza sin contar con indicadores de desempeño previos, lo que perpetúa una gestión a ciegas orientada a satisfacer coyunturas electorales y acuerdos partidarios en lugar de resolver problemas estructurales de seguridad o desarrollo nacional.