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Costo de bloqueadores para cárceles pasa de Q10 millones a Q110 millones

16 de septiembre de 2026
Costo de bloqueadores para cárceles pasa de Q10 millones a Q110 millones

El diputado José Chic advirtió que la ley que regula visitas de menores en cárceles tiene avances parciales y que el costo de bloqueadores de señal pasó de Q10 millones a Q110 millones.

Tres solicitudes en todo el país

El subjefe del bloque VOS se reunió con autoridades del Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil y el Sistema Penitenciario para fiscalizar la aplicación del Decreto 3-2025, aprobado para evitar que menores de edad sean utilizados en actividades ilícitas dentro de los centros carcelarios. Chic señaló que, pese al tiempo transcurrido desde su aprobación, únicamente se han registrado tres solicitudes formales de privados de libertad para recibir visitas de menores.

El parlamentario también cuestionó que la modalidad de visitas virtuales, contemplada en el mismo decreto, se haya implementado en un centro carcelario con apenas 83 privados de libertad. Indicó que esa medida debió priorizarse en recintos de mayor incidencia delictiva, como el Preventivo de la zona 18, donde un menor resultó herido en un hecho que calificó de lamentable.

Asimismo, Chic precisó que el Ministerio de Gobernación aún no ha aclarado si asignó presupuesto para la implementación del decreto, y que el Sistema Penitenciario todavía no cuenta con los remozamientos, la readecuación de espacios ni la base de datos necesaria para garantizar el ingreso seguro de menores.

Cifra de bloqueadores sube once veces

Sobre los bloqueadores de señal móvil para cárceles, el diputado detalló que las cifras presentadas por las autoridades han variado de forma significativa. La viceministra Karen Ortiz indicó inicialmente un costo de Q10 millones para ocho centros; luego el Sistema Penitenciario incluyó en su plan anual de compras una adquisición por Q55 millones contemplando todos los centros del país.

Finalmente, el ministro de Gobernación declaró un costo de Q110 millones, cifra que, según explicaron en la reunión de fiscalización, correspondería únicamente a ocho centros de privación de libertad.