Consuelo Porras enfrenta tachas y piden evaluación con rigor y ética

La diputada Victoria Palala emitió este martes una postura institucional determinante respecto al proceso de elección para el jefe del Ministerio Público (MP).

En el marco de la recepción de objeciones, conocidas como «tachas», la legisladora enfatizó que la evaluación de los aspirantes —incluyendo a la actual Fiscal General, María Consuelo Porras— definirá el rumbo de la justicia en el país.

Evaluación de tachas y honorabilidad constitucional

El proceso ha entrado en una fase crítica donde la Comisión de Postulación debe analizar las denuncias presentadas por la sociedad civil.

Palala subrayó que el requisito constitucional de «reconocida honorabilidad» debe ser el filtro principal para depurar la lista de candidatos. La parlamentaria oficialista insistió en que estas tachas deben evaluarse con rigurosidad técnica y sin sesgos políticos.

«El 2026 es un año decisivo. La renovación de autoridades no puede ser un simple formalismo, debe ser un proceso que rescate la credibilidad de las instituciones», puntualizó la diputada.

Según su visión, la transparencia en esta etapa es fundamental para que el sistema de justicia recupere la confianza de la ciudadanía y de los sectores internacionales que mantienen bajo la lupa la gestión actual.

Independencia ante presiones externas

El papel de la Comisión de Postulación

La legisladora advirtió que el éxito de la elección dependerá de la capacidad de los comisionados para resistir influencias ajenas al proceso legal. Los puntos clave señalados por la diputada incluyen:

• Cumplimiento estricto del mandato legal de persecución penal.

• Resistencia a presiones políticas locales y externas.

• Priorización de la imparcialidad institucional sobre la continuidad.

Para la diputada Victoria Palala, el objetivo primordial es que el Ministerio Público deje de ser percibido como un actor político. La meta es devolver a la institución su función técnica de investigación criminal, especialmente ante el desgaste reputacional que ha sufrido la fiscalía en los últimos años.