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Nacionales

Congreso alista una nueva ley para agilizar las compras públicas

12 de agosto de 2026
Congreso alista una nueva ley para agilizar las compras públicas

La Comisión de Finanzas del Congreso analizó este miércoles exoneraciones para clubes rotarios y avanzó en la nueva ley de contrataciones públicas, con meta de dictamen para el 9 de septiembre.

Exoneración de impuestos a clubes rotarios

La comisión, presidida por el diputado Julio Héctor Estrada, revisó una iniciativa para eximir del IVA y derechos arancelarios a importaciones de vehículos de emergencia, bienes e insumos destinados a los clubes rotarios de Guatemala, previa autorización de la SAT. Estrada explicó que, dado que antes los permisos se otorgaban por plazos de cinco años generando incertidumbre legal, se dictaminó ampliarlos a 10 años para ofrecer mayor estabilidad jurídica.

Además, la comisión emitió dictámenes desfavorables a diversas iniciativas cuyos objetivos ya están contemplados en otros cuerpos normativos o que habían perdido vigencia frente a leyes actuales, como la exoneración del impuesto de circulación de vehículos.

Nueva lógica para compras públicas

En cuanto a la iniciativa 6531 —Ley del Sistema Nacional de Contrataciones del Estado—, la comisión técnica especializada continúa revisando su articulado. Estrada indicó que se prevé discutirlo en detalle durante las próximas semanas, con miras a dictaminar el proyecto alrededor del 9 de septiembre.

El diputado precisó que la propuesta redefine la lógica de las compras públicas mediante subastas inversas abreviadas: «Si cumple la ficha de requerimientos técnicos, automáticamente se adjudica al que tiene el mejor precio… Esto asegura una subasta rápida y ágil, adjudicando al que esté precalificado y por precio.» También se contemplan contratos marco para bienes de uso común como combustibles, repuestos y papel, lo que permitiría adquisiciones más ágiles sin negociaciones individuales constantes.

Asimismo, la normativa propone crear la Dirección Nacional de Adquisiciones del Estado dentro del Ministerio de Finanzas, con potestad para emitir criterios obligatorios que optimicen los procesos de compra a nivel nacional.