Cambio climático impulsa búsqueda de certeza jurídica sobre el agua en Guatemala
La falta de regulación y de información precisa sobre la disponibilidad del recurso hídrico genera incertidumbre para los sectores agroindustrial e industrial de Guatemala, cuyos procesos productivos dependen del acceso constante al agua.
La ministra de Ambiente y Recursos Naturales, Patricia Orantes, señaló que empresas interesadas en instalarse en el país han expresado preocupación debido a la falta de certeza sobre la disponibilidad de los caudales en el futuro, especialmente ante los efectos del cambio climático.
Según la funcionaria, Guatemala necesita contar con información técnica que permita conocer el comportamiento y la disponibilidad de sus fuentes de agua, tanto superficiales como subterráneas. Esta información sería fundamental para planificar el crecimiento de las actividades productivas y garantizar el abastecimiento del recurso a largo plazo.
En este contexto, la propuesta de Ley de Aguas plantea fortalecer la generación de información técnica e institucional sobre los recursos hídricos del país. El objetivo es conocer con mayor precisión la cantidad de agua disponible, su comportamiento y las condiciones que podrían afectar su disponibilidad en los próximos años.
La iniciativa busca que las decisiones relacionadas con la inversión y el desarrollo económico tengan como base estudios técnicos que permitan determinar si existe suficiente recurso hídrico para sostener nuevas actividades productivas sin comprometer el abastecimiento de las comunidades ni la sostenibilidad ambiental.
Orantes destacó que contar con reglas claras sobre el agua también podría favorecer la atracción de inversiones, al ofrecer mayor certeza a las empresas sobre las condiciones en las que podrán desarrollar sus operaciones.
La propuesta cobra relevancia ante los cambios en los patrones climáticos y la creciente presión sobre las fuentes de agua. Para las autoridades, contar con una gestión adecuada del recurso permitirá enfrentar estos desafíos y avanzar hacia un modelo de desarrollo económico que considere la disponibilidad hídrica como un factor estratégico.
De aprobarse la normativa, el país contaría con herramientas para generar información, planificar el uso del agua y establecer condiciones que permitan compatibilizar la producción agrícola e industrial con la protección y sostenibilidad de los recursos hídricos.