Aportes extraordinarios a Consejos de Desarrollo generan alertas por posible corrupción

El economista Paul Boteo advirtió sobre los riesgos de corrupción y la posible instrumentalización de los Consejos de Desarrollo para favorecer intereses políticos y actividades vinculadas al crimen organizado, en medio de la discusión del proyecto de presupuesto 2027.
Durante una entrevista en La Red 106.1, Boteo señaló que, aunque una de las principales promesas del actual gobierno fue combatir la corrupción y evitar el uso de recursos públicos para fines políticos, las asignaciones presupuestarias mantienen espacios que considera vulnerables a estas prácticas.
El entrevistado destacó particularmente el crecimiento de los aportes extraordinarios destinados a los Consejos de Desarrollo, cuyos montos, según explicó, se han multiplicado hasta seis, siete, ocho, nueve o incluso diez veces. A su criterio, estos recursos pueden convertirse en mecanismos para facilitar acuerdos políticos dentro del Congreso.
Boteo aclaró que sus señalamientos no constituyen una denuncia contra el presidente de la República en lo personal, sino que cuestionan la política fiscal impulsada desde el Organismo Ejecutivo y el Ministerio de Finanzas. Sostuvo que el incremento de recursos hacia estructuras que no han experimentado reformas estructurales ha elevado los riesgos de corrupción en comparación con periodos anteriores.
Alerta por posible participación del crimen organizado
Otro de los aspectos que generó preocupación al entrevistado es la posibilidad de que los Consejos de Desarrollo sean utilizados por estructuras del crimen organizado para canalizar recursos públicos.
Boteo advirtió que algunas empresas que operan en el interior del país podrían estar vinculadas con personas involucradas en actividades ilícitas y participar en la ejecución de proyectos financiados con fondos públicos.
Según explicó, esta situación podría facilitar mecanismos de lavado de dinero y convertir a los Consejos de Desarrollo en espacios vulnerables a la infiltración de estructuras criminales.
Finalmente, relacionó estos riesgos con el descontento ciudadano hacia la administración pública y mencionó una encuesta reciente que registra un 72 % de desaprobación ciudadana. A su juicio, mantener mecanismos de asignación de recursos sin controles y reformas suficientes representa un riesgo para la transparencia y la confianza en las instituciones.
Los señalamientos se producen en el contexto de la discusión del presupuesto estatal para 2027, sobre el cual distintas organizaciones han solicitado mayor prudencia fiscal, transparencia y controles en el uso de los recursos públicos.