Amnistía exige derechos humanos en respuesta al terremoto en Venezuela

Amnistía Internacional alertó este jueves sobre el riesgo de que los terremotos del 24 de junio agraven la crisis humanitaria en Venezuela y exigió respuesta con estándares de derechos humanos.

Información limitada desde el gobierno

Las autoridades venezolanas han divulgado datos limitados y no corroborados sobre los daños humanos y materiales causados por los sismos. Ante esto, la organización exige que el gobierno garantice la publicación pronta, creíble y periódica sobre fallecidos, heridos, labores de asistencia y planes de búsqueda de desaparecidos.

Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, señaló que el desastre «corre el riesgo de agravar aún más una crisis de derechos humanos y una emergencia humanitaria ya severas y prolongadas, que el pueblo venezolano ha sufrido durante más de una década». Indicó que el sistema de salud del país «ha sido diezmado» y que la represión estatal «ha debilitado gravemente la protección de los derechos humanos».

Censura agrava la emergencia

La organización advirtió que el acceso a la información, la libertad de prensa y la libertad de expresión han sido severamente restringidos por años de censura estatal, que incluye el cierre de decenas de medios, el bloqueo de plataformas como X y la criminalización de periodistas. En ese marco, Amnistía Internacional exigió el levantamiento inmediato de todas las restricciones a la prensa y a las comunicaciones en línea, y advirtió que no hacerlo «podría medirse en vidas perdidas».

Además, la organización pidió la derogación inmediata de la llamada ley anti-ONG y de todos los mecanismos legales que limitan la actuación de organizaciones de la sociedad civil, condición que consideró indispensable para una respuesta efectiva al desastre.

Preocupación por personas detenidas

Amnistía Internacional expresó preocupación específica por la situación de las personas detenidas tras los terremotos. La organización exigió que organismos humanitarios, de derechos humanos y familiares tengan acceso a todos los centros de detención para verificar la seguridad de los reclusos y garantizarles atención médica y necesidades básicas.

Asimismo, instó a suspender las medidas cautelares impuestas a quienes fueron detenidos arbitrariamente por razones políticas. Por último, llamó a Estados, actores humanitarios y donantes a movilizar recursos en cooperación con organizaciones locales de la sociedad civil, guiados por los principios humanitarios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia.