Alza en combustibles supera Q5.50 por galón y presiona el bolsillo de los guatemaltecos

El bolsillo de los guatemaltecos enfrenta una presión histórica en este inicio de año. Desde el 1 de enero hasta el 9 de marzo de 2026, el incremento acumulado en los combustibles supera los Q5.50 por galón, una tendencia ascendente que no ha dado tregua durante las primeras diez semanas.
Ante este escenario, la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco) ha intensificado el Plan Centinela para fiscalizar las estaciones de servicio a nivel nacional.
Especulación vs. factores internacionales
Mientras sectores como el transporte y la industria señalan la tensión en el Medio Oriente y el alza del crudo —que ha superado la barrera de los $100 por barril— como las causas principales del encarecimiento, la postura del Gobierno de la República marca una diferencia clara.
Las autoridades sostienen que no existe un desabastecimiento físico real, sugiriendo que gran parte del incremento responde a una «narrativa de especulación» que busca elevar artificialmente los márgenes de ganancia.
#LaRedInforma | La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor inició operativos en gasolineras ante el alza “desmedida” en los combustibles. Inspectores verifican precios, cantidad y calidad del producto. pic.twitter.com/dM4IhMGxU2
— La Red (@Lared1061) March 10, 2026
Precios de referencia (Inicio de marzo 2026)
A continuación, se detallan los valores promedio observados en el mercado local al 9 de marzo de 2026:
| Combustible | Precio Promedio (Q) | Tendencia |
| Gasolina Superior | Q33.00 – Q34.09 | ↗️ Alza sostenida |
| Gasolina Regular | Q31.88 – Q32.91 | ↗️ Alza sostenida |
| Diésel | Q31.81 – Q33.47 | ↗️ Alza sostenida |
El Plan Centinela en acción
El despliegue operativo instruido por el Ejecutivo no se limita a monitorear los tableros.
Los inspectores de la Diaco están realizando auditorías cruzadas, contrastando facturas de compra con precios finales al consumidor para detectar si las gasolineras están incurriendo en prácticas abusivas. La meta es clara: garantizar que el consumidor no pague costos derivados de la especulación injustificada.