¿Adiós a los subsidios improvisados? Proponen fondo permanente para el combustible
El Congreso de la República de Guatemala enfrenta un tenso debate legislativo tras la reciente aprobación de un decreto orientado a fijar un precio de referencia para la gasolina y el diésel, en un contexto de constantes incrementos internacionales que amenazan la estabilidad económica del país.
El jefe de la bancada Valor, Elmer Palencia, advirtió que el precio del galón de diésel ha cruzado el umbral histórico de los 50 quetzales, una cifra sin precedentes en la nación que impacta de forma directa los costos del transporte de mercancías, el pasaje urbano y la canasta básica. Palencia recordó que la última gran crisis de costos se registró en 2008, cuando el insumo superó la barrera de los Q40.
Según el congresista, Guatemala enfrenta una alta vulnerabilidad al ser un país estrictamente importador de derivados del petróleo. Explicó que la problemática global actual difiere de otros periodos: aunque el precio del barril de petróleo crudo pueda bajar, la pérdida y destrucción de plantas de refinamiento a nivel internacional ha encarecido directamente los combustibles procesados.
Frente a esta coyuntura, la bancada Valor impulsa la creación de un mecanismo o fondo permanente de amortiguación. A diferencia de los subsidios temporales aprobados de forma improvisada en emergencias anteriores, este instrumento busca operar bajo parámetros preestablecidos que se activen automáticamente cuando los precios internacionales alcancen picos críticos. Palencia enfatizó que la propuesta contempla mecanismos de sostenibilidad financiera —para que el fondo mantenga ingresos y no queden solo egresos— y controles estrictos para evitar un uso populista o electoral por parte del Organismo Ejecutivo.
En cuanto a la dinámica del pleno, el legislador confirmó que se sostendrán reuniones de Junta Directiva para abordar las objeciones planteadas por otros diputados al decreto aprobado. Asimismo, aclaró que, aunque la agenda del Congreso está ocupada por procesos de interpelación, la ley orgánica y la Constitución facultan al pleno para declarar la urgencia nacional y conocer iniciativas prioritarias para el alivio económico de la ciudadanía.