87 gasolineras señaladas por abusos en fiscalización

La Dirección General de Hidrocarburos presentó resultados contundentes tras una intensa jornada de verificación nacional, revelando una crisis de cumplimiento en las estaciones de servicio.
El informe técnico detalla una desconexión sistemática entre los costos de adquisición y los precios finales, lo que ha encendido las alarmas en el Congreso de la República por el impacto directo en la economía de los consumidores.
Resultados de la operatividad de fiscalización
De un total de 109 estaciones fiscalizadas a nivel nacional, un alarmante grupo de 87 gasolineras fue identificado con precios que no guardan relación con la cadena de costos autorizada.
Según las autoridades técnicas, estas estaciones caen directamente en la categoría de especulación, al no justificar los incrementos aplicados en bomba con los documentos de compra de sus inventarios actuales.
#LaRedInforma | Un informe presentado en el Congreso revela que 87 de 109 gasolineras (80%) estarían aplicando precios por encima de sus costos reales de adquisición.
Datos cruzados entre Hidrocarburos y SAT evidencian que el aumento en bomba supera el costo de importación,… pic.twitter.com/ASHlW17Bcz
— La Red (@Lared1061) March 18, 2026
Hallazgos clave de la inspección:
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Incumplimiento masivo: El 80% de las muestras tomadas presentaron irregularidades en el margen de ganancia.
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Desfase de costos: Los precios en tablero no reflejan las bajas internacionales ni los precios de importación reportados por la SAT.
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Falta de sanciones: A pesar de los hallazgos, el diputado Orlando Blanco cuestionó la ausencia de acciones legales inmediatas y cierres temporales.
Exigencia de rigor legal ante los abusos
El legislador Blanco instó a la DIACO y a las autoridades energéticas a proceder con todo el rigor de la ley para proteger al consumidor. La crítica principal radica en que la fiscalización se queda en el papel sin transformarse en multas coercitivas que desincentiven la especulación de precios.
La impunidad percibida por el sector, según el diputado, es lo que permite que 8 de cada 10 gasolineras mantengan precios arbitrarios sin temor a represalias administrativas.