De toque Abril

Magistrados del TSE señalados por la compra del TREP intentan ponerse a disposición de la justicia

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El miércoles 7 de febrero fuentes judiciales informaron que El Juzgado Duodécimo Penal aceptó un oficio enviado por cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para ponerse a disposición de la jueza a cargo del proceso por la compra del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), pero el Ministerio Público (MP) recusó a la juzgadora.

Dicho sistema fue adquirido por Q148 millones 850 mil 250 y cuyo contrato fue suscrito el 15 de marzo de 2023; sin embargo, la Fiscalía señala que ese proceso tuvo irregularidades, por lo que solicitó el retiro de la inmunidad de los magistrados del TSE Irma Palencia, Mynor Franco, Gabriel Aguilera y Rafael Rojas, quienes luego de haber sido desaforados por el Congreso de la República el pasado 30 de noviembre salieron del país y el 11 de enero último se confirmaron las órdenes de captura en su contra.

De esa cuanta que este miércoles, el abogado César Calderón, quien auxilia a los togados, confirmó que presentó el oficio donde ellos se ponen a disposición de la jueza Wendy Coloma, una acciona que fue aceptada por la judicatura, pero la Fiscalía de Delitos Administrativos recusó a la juzgadora.

Ante la recusación, la Sala Primera de Apelaciones deberá resolver si la jueza podrá continuar o no conociendo el caso contra los magistrados.

Se tiene previsto que el jueves próximo los magistrados de la Sala tengan audiencia para conocer la recusación, audiencia en la que participará el abogado Calderón como representante de los cuatro togados.

Blanca Alfaro, magistrada presidente del TSE, indicó que Irma Palencia, Ranulfo Rojas, Gabriel Aguilera y Mynor Custodio Franco siguen fuera del país.

La magistrada Irma Palencia es señalada de supuesto abuso de autoridad y fraude, mientras que Mynor Franco, Gabriel Aguilera y Rafael Rojas de fraude.

Embargo

El pasado 1 de febrero, una Sala ordenó el embargo de las cuentas bancarias de la empresa Datasys S.A., encargada de haber vendido al TSE el sistema TREP.

La resolución de la Sala Segunda de Mayor Riesgo se da con base a una apelación del MP respecto al caso, la cual fue declarada con lugar y se ordenó el embargo de las cuentas bancarias de Datasys.

La apelación que originó la resolución fue planteada por la Fiscalía de Extinción de Dominio, según fuentes judiciales.

Con la resolución de la Sala, también se ordena al TSE detener el pago pendiente de Q40 millones que el ente electoral tiene pendiente de realizar, equivalente al 30 por ciento del costo total.

Por su parte, representantes de Datasys S.A., dicen que no hubo sobrevaloración en los costos por los servicios que otorgó al TSE en las elecciones de 2023, y sus abogados trabajan en las acciones legales que presentarán en contra de los señalamientos.

Modificaciones

Además, Alfaro informó este miércoles que ya se concretó el primer acercamiento con la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República luego de la crisis electoral que se vivió en el país.

Agregó que se hacen los primeros análisis para las modificaciones que sean necesarias para que las elecciones de 2027 se lleven a cabo sin complicaciones.

Señaló que se debe hacer modernización del artículo 256 bis de la Ley Electoral y de Partidos Políticos “para hacer los cambios a nuestro sistema político electoral para que en las elecciones 2027 contemos con un documento robusto que pueda hacer de nuestra democracia lo que todos deseamos, el sustento para una paz duradera y sostenible“.

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