Iniciativa facilitará el gasto del presupuesto de los alcaldes en el 2023

La alianza oficialista en el Congreso logró este miércoles 16 de noviembre en la primera lectura una iniciativa para reformar la Ley de Contrataciones del Estado, con el objetivo de facilitar el gasto del presupuesto de los alcaldes en el 2023.

Esta reforma se presenta como la mejor manera de agilizar proyectos en lo local, pero analistas consultados advierten de que la propuesta carece de criterio técnico y puede repercutir en clientelismo, a escasos meses de las elecciones generales del 2023.

La iniciativa fue promovida por la presidenta del Congreso, Shirley Rivera, junto a 10 diputados afines a la alianza oficialista.

No es la única acción que el Congreso ha tomado en el último año para quedar bien con los alcaldes, a las puertas de un proceso electoral, al menos existen cinco momentos políticos similares.

Nueva ley

En septiembre último, la maquinaria oficialista ya había intentado modificar la Ley de Contrataciones del Estado, pero la propuesta fue detenida en su segunda lectura por oposición de organizaciones sociales y tanques de pensamiento que advirtieron de más riesgos que beneficios.

Esta vez vuelven a plantear la necesidad de hacer cambios a dicha ley, pero con una reforma dirigida a las finanzas municipales. La iniciativa se resume en que cualquier alcalde podrá decidir sobre compras sin tener que licitar, toda vez no superen los Q2 millones, lo que, a criterio de analistas, significa darles un cheque en blanco en pleno año electoral.

Esta nueva propuesta, que ingresó a la Dirección Legislativa en abril de este año, contiene siete artículos, lo que podrían facilitar su aprobación antes de que termine el actual período de sesiones, el 30 de noviembre.

Sin sustento técnico

La nueva estrategia política que se impulsa desde el Congreso no es la mejor, según Carmen Salguero, analista de Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa).

“Eso es darle un cheque en blanco a los alcaldes y a todas las unidades ejecutoras para poder comprar por hasta Q2 millones. Esto pone en riesgo la sostenibilidad de los presupuestos de cada una de las unidades ejecutoras por clientelismo político oportunista”, señaló.

La actual Ley de Contrataciones requiere cambios, han indicado distintos sectores, pero el momento político en que nace esta iniciativa, sin contar con el respaldo de una mesa técnica, no la hace la mejor, apuntó Salguero.

Quien tampoco ve un sustento real y sólido en el nuevo intento por reformar la Ley de Contrataciones es Irene Flores, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).

“Lo que eso nos demuestra es que hay una insistencia en hacer modificaciones de tipo político a una ley clave de la gestión pública que nada tiene que ver con justificaciones políticas”, comentó.

Táctica política

La razón de intentar darles más dinero a los alcaldes obedece a un plan oficialista. “La estrategia del partido oficial es contar con al menos 250 alcaldes para que apoyen a su candidato presidencial. La propuesta del oficialismo no es alguien conocido y que mueva a las masas”, señaló Marvin Flores, analista de Acción Ciudadana (AC).

El analista destacó que, aunque un alcalde apoye a un candidato presidencial, los antecedentes confirman que ese apoyo no se ve reflejado en la cantidad de sufragios de los ciudadanos, pero su incidencia también podría ser otra.

“Pero la función que tiene el alcalde durante la campaña electoral es servir de base cuando hay giras de candidatos presidenciales ellos ven la logística y definen las aldeas y lugares a visitar”, explicó Flores.

Para quienes realmente los alcaldes son clave para una elección o reelección es para los diputados, según Virginia Pinto, de la Asociación en Investigación y Estudios Sociales (Asíes).

“Los alcaldes, más que tener una relación con figuras presidenciables, podríamos fijarnos también en la relación que tienen con las diputaciones. Los candidatos al Congreso pueden buscar un apoyo de alcaldes. Los diputados no hacen campañas frente a los ciudadanos, sino buscan esos apoyos directos en las alcaldías”, señaló.

Para el dictamen favorable de la iniciativa compareció Brenda del Cid de Medrano, alcaldesa de Chinautla y delegada de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam).

La funcionaria destacó que con la actual ley es complejo responder a las necesidades sociales, por lo que esperan que la aprobación de la iniciativa les dé mejores herramientas.

“Ahorita tenemos la posibilidad de poder hacerlo más ágil, y eso es lo que esperamos. Depende de Dios y del Pleno que determine si es viable o no (…) La compras en baja cuantía es lo que más nos ayuda”, refirió.

*Con información de Prensa Libre

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