En América Latina, las instituciones públicas débiles y sin rendición de cuentas han creado un terreno fértil para el crecimiento del crimen organizado, propiciando la violencia, inseguridad y corrupción.

Estos son algunos de los problemas que más preocupan a los latinoamericanos, junto con la corrupción y la economía, reveló el Índice de Percepción de Corrupción 2022.

En muchos países, las autoridades responsables del cumplimiento de la ley y funcionarios corruptos colaboran con bandas criminales o aceptan sobornos a cambio de hacer caso omiso de sus actividades ilícitas.

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En Honduras, Guatemala y Perú, hay evidencia que sugiere que miembros del crimen organizado ejercen una influencia significativa sobre candidatos y políticos, financian sus campañas electorales e incluso se postulan a cargos públicos.

Este entramado de criminalidad e intereses políticos afecta especialmente a los grupos
más marginados de la sociedad y se manifiesta también en la destrucción de los recursos naturales.

En toda la región, las mujeres, las niñas y los migrantes son víctimas de trata de personas y extorsión sexual, cuando funcionarios públicos les exigen actos sexuales a cambio de servicios tales como emitir pasaportes o permitir el cruce de controles fronterizos.

Por otra parte, las redes criminales favorecen el contrabando de vida silvestre, la tala y quema ilegal de tierras, la extracción ilegal de oro y la deforestación.

Los países con los peores resultados

En los países que este año obtuvieron los peores resultados, como Venezuela, Nicaragua, Honduras y Guatemala, las elites y el crimen organizado han cooptado a las instituciones estatales.

En Venezuela, las actividades económicas ilegales representaron el 21 % de su PIB de 2021; los grupos delictivos ejercen un control exhaustivo sobre las operaciones de minería de oro, y emplean la extorsión y los pagos irregulares a comandantes militares para poder mantener sus actividades ilícitas.

Estos grupos son responsables de violaciones de derechos humanos, incluidas desapariciones forzadas, el asesinato de líderes indígenas y el desplazamiento de sus comunidades, la prostitución forzada y la explotación laboral de adultos y niños, así como la contaminación y otros delitos ambientales graves.

En Honduras, la extorsión de pequeños negocios y de la ciudadanía por parte pandillas criminales es un problema grave que, no obstante, queda impune.

Esto frena el desarrollo económico, agudiza la inseguridad y promueve el ingreso de flujos de dinero ilícito al sistema financiero.

Se estima que los hondureños realizan pagos extorsivos por USD 737 millones al año, lo cual representa el 16 % del PIB anual del país.

En estos entornos con altos niveles de corrupción, la violencia creciente y la vulneración de derechos sociales y económicos afectan de manera desproporcionada a los grupos históricamente marginados, lo cual promueve movimientos migratorios masivos a otros países de la región.

A fin de reducir la violencia de pandillas, El Salvador y Honduras declararon estados de excepción.

En El Salvador, esto ha dado lugar a detenciones injustificadas e instancias de abuso de poder.

El régimen de emergencia también se ha usado para reprimir y silenciar voces críticas del gobierno y limitar incluso más el derecho de acceso a la información.

En la mayoría de estos países, la lucha contra la corrupción es liderada casi exclusivamente por organizaciones de la sociedad civil y la prensa independiente, con el 5 apoyo de la comunidad internacional.

Sin embargo, la cooptación de instituciones de justicia y la criminalización de los actores que denuncian hechos de corrupción han contribuido a que se cometan abusos contra periodistas, activistas, comunidades indígenas y fiscales.

En Guatemala, las detenciones injustificadas del periodista José Rubén Zamora y las exfiscales Virginia Laparra y Samari Gómez representan son casos emblemáticos.

Países enfrentan al crimen para acabar con la corrupción

Por otro lado, para enfrentar al crimen organizado y a la violencia de pandillas, algunos gobiernos han adoptado medidas extremas que concentran el poder en el órgano ejecutivo, las cuales reducen la transparencia y la rendición de cuentas y plantean amenazas graves para los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Por ejemplo, la declaración de estados de excepción durante 2022 en países como El Salvador, Ecuador y Honduras – si bien tuvieron carácter constitucional y oficialmente temporal – otorgaron facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo para suspender garantías constitucionales.

Estas medidas afectaron los derechos de asociación, de acceso a la información, de circulación y el debido proceso durante los arrestos.

En nombre de la seguridad, estos gobiernos redujeron el espacio cívico, limitando la capacidad de supervisión y control por parte de otros actores y agravando sustancialmente los riesgos de corrupción y el retroceso democrático que padece la región.