Mientras se acerca el 27 de marzo, día en el que comienza oficialmente la campaña electoral, varias municipalidades han emitido disposiciones para prohibir que los partidos políticos usen los postes para propaganda política.

El pasado 14 de marzo el Concejo Municipal de Quetzaltenango emitió una disposición de este tipo, con la que se establece la prohibición para colocar propaganda electoral durante todo el 2023, bajo el argumento de respeto al ornato de las áreas públicas y la contaminación visual.

LEA: TSE multa a tres partidos políticos por propaganda en postes

Mientras tanto, el jueves el pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) hizo de conocimiento de los fiscales de los partidos políticos una disposición similar emitida por el Concejo Municipal de San Pedro Ayampuc, para que los partidos no coloquen “publicidad” en postes, así como en espacios públicos.

A esto se suma el caso de un oficio dado a conocer el pasado 15 de febrero, el cual fue girado por la Dirección del Centro Histórico de la Municipalidad de Guatemala en el que pide que los partidos se abstengan de colocar propaganda en espacios públicos del Centro Histórico de la capital.

Defienden uso de postes para propaganda política

Durante la reunión entre los magistrados del TSE con los fiscales, varios partidos políticos pidieron al tribunal que se pronuncie para aclarar sobre el uso de los postes en época electoral, ya que consideran que no se les puede prohibir utilizar estos espacios.

El Artículo 20 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) referente a los derechos de las agrupaciones políticas, establece en el inciso g) señala que pueden “gozar del uso de postes situados de la vía pública y de otros bienes de uso común, para colocación de propaganda electoral, siempre y cuando su propósito no sea incompatible para ese fin”.

Según algunos partidos, esta normativa es superior jerárquicamente que las disposiciones de las comunas, ya que la LEPP es de rango constitucional, por lo que piden al TSE que se pronuncie.

“No es el Tribunal Supremo Electoral el que puede decirle a un Concejo o a una municipalidad que puede hacer y que no puede hacer. No podemos de conformidad con la normativa, desconocer lo que está dentro de esas leyes que nos rigen, que han tenido un proceso para que nosotros los respetemos, así que, con todo respeto, los alcaldes, las corporaciones municipales o quienes vayan y tomen decisiones pues hay instancias para poderlas recurrir”, expuso la magistrada del TSE, Blanca Alfaro.

Emerson García, fiscal del partido Todos cuestionó el uso que actualmente se la ha dado a la autonomía municipal para emitir estas disposiciones.

“Nosotros los partidos políticos tenemos muchísimo trabajo que hacer, como para ponernos a redactar medios de impugnaciones en cada una de las 340 alcaldías que se les antoje emitir cualquier tipo de resolución. El tema con los alcaldes es que es que toda la vida se han creído intocables. La autonomía municipal la han mal utilizado”, expuso García.

La posición fue compartida por el fiscal del partido Valor, Elmer Palencia, quien planteó que es necesaria una postura del TSE para evitar que más municipalidades adopten medidas similares, y cuestionó que aunque hay instancias donde presentar recursos legales, no se resolverían pronto.

“Están los recursos legales, pero no estamos para eso, ni las instancias correspondientes para resolver eso en el tiempo que se quiere para cumplir con la función que tenemos”, expuso Palencia.

Otros partidos ven este tipo de medidas como una estrategia para evitar que los candidatos que compiten por esas jurisdicciones les generen competencia a través de la propaganda.