El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales – CIEN, como brazo técnico de la Coalición por la Seguridad Ciudadana y FUNDESA presentaron el Índice de Denuncias
de Delitos (IDD) y el tema del mes Certeza Jurídica y Seguridad Ciudadana.

El IDD monitorea mensualmente las denuncias de nueve diferentes delitos y proporciona información del comportamiento de esos indicadores en los últimos 12 meses, por lo cual sirve como radiografía de la Seguridad Ciudadana y también, “es una fuente de información actual que puede servir a las autoridades para tomar decisiones de política pública priorizadas que mejoren el bienestar de los guatemaltecos” explicó Walter Menchú, investigador del CIEN y encargado del Índice, al comentar que, en su conjunto, el IDD se redujo 1.2%, lo que significa que las denuncias de los delitos monitoreados fueron a la baja.

Menchú añadió que “si bien la cantidad mensual de homicidios regresó a niveles de inicio de año, la tasa se mantiene a la baja y llegó a 16.6 por cada 100 mil habitantes. De enero a julio 2020 ha habido un 35% menos de homicidios que el mismo período del año anterior, pero Huehuetenango y Sololá han tenido incrementos notorios en este delito, así como los municipios de Masagua, Nueva Concepción, La Democracia, Cuilapa y Barberena (donde hubo 31 homicidios más en conjunto). Cabe mencionar que tan solo 17 municipios concentran la mitad de todos los homicidios y en este período se puede observar que los homicidios en la ciudad capital continúan a la baja, registrándose el 50% de la reducción en las zonas 18, 1, 5, 21 y 9, esta última con ningún homicidio este año, comparado con 13 en el mismo período del 2019. Por último, se debe notar que en la cabecera de Escuintla hubo un repunte que alcanzó los niveles de 2019, con 12 homicidios este mes. Las denuncias por extorsiones (932) muestran una tendencia al alza, pero no alcanzan aún la cantidad de denuncias registradas entre marzo 2019 y marzo 2020.”

El tema del mes estuvo a cargo del investigador del CIEN Francisco Quezada, quien comentó que “según el Secretario General de Naciones Unidas, un Estado de Derecho es “un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, público y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos”, por lo que produce cierta incomodidad de cara al dominio político, que lucha por obtener el poder.

Por ello, la estructura constitucional busca limitar efectivamente al poder político y al mismo tiempo deja espacios de autonomía individual frente al poder y debe buscar traducirse en una mejor legalidad, reducción de los costos de transacción en el mercado, el respeto a la propiedad privada, la economía de mercado y la certeza jurídica.” Sobre esta última, Quezada opina que en la ciudadanía hay poca confianza por el ordenamiento jurídico, esencialmente por la escasa garantía que ofrece la Justicia en el país frente a controversias, por lo que el poder público, que debería garantizar la Seguridad y la Certeza Jurídica, falla en este campo.

Según el Índice del Estado de Derecho del World Justice Project (WJP) – que mide límites al poder gubernamental, corrupción, apertura, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y penal – Guatemala cayó cinco puestos en 2020, ubicándose en la posición número 101 de 128 países evaluados, registrando los punteos más bajos en los componentes de ausencia de corrupción, justicia civil y justicia penal. “Preocupa el estancamiento y bajo nivel de la justicia en nuestro país y que la corrupción continúe siendo un tema sin mejoría, donde se persigue efectos y no causas” concluyó Quezada y recomendó que “es imperativo trabajar por que el sistema público sea basado en el mérito, la rendición de cuentas y una evaluación constante para mejorar.”