Trump congela activos del gobierno en disputa de Venezuela

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el lunes en la noche una orden ejecutiva en la que bloquea todos los activos del gobierno venezolano, aumentando la presión sobre el presidente en disputa de Nicolás Maduro.

La orden dicta que «todos los bienes e intereses en bienes del Gobierno de Venezuela que se encuentran en Estados Unidos (…) están bloqueados y no pueden transferirse, pagarse, exportarse, retirarse ni negociarse de otra manera», dice la orden ejecutiva.

La designación coloca al gobierno en disputa en la lista de los adversarios de Washington, donde están Cuba, Corea del Norte, Siria e Irán.

En la carta enviada por Trump a las dos cámaras del Congreso, explica que tomó la decisión, entre otras razones, por la continua «usurpación» del poder por parte del gobierno en disputa que lidera Maduro.

Igualmente argumenta la medida, una escalada en las recientes sanciones, a los abusos de los derechos humanos, arrestos y detenciones arbitrarias, la restricción de la prensa libre e intentos continuos de socavar al presidente interino Juan Guaidó y a la opositora Asamblea Nacional.

La orden explica que el término «gobierno de Venezuela» incluye el Estado, cualquier subdivisión política, agencia o instrumentalidad, incluido el Banco Central de Venezuela (BCV) y Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa), esta última ya sancionada por EE.UU.

Aunque la orden no es un embargo comercial formal _elude al aún considerable sector privado venezolano_, representa la medida más dura de Estados Unidos dirigida a destituir a Maduro desde que el gobierno de Trump reconoció al líder opositor Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela en enero.

Las propiedades e intereses de personas designadas por el secretario del Tesoro y el secretario de Estado también están bloqueadas. La medida, que además prohíbe a los estadounidenses hacer negocios con el gobierno de Venezuela, entra en vigor inmediatamente.

Dentro de la orden se estipulan dos excepciones: las transacciones para la conducción de oficinas federales por parte de empleados, beneficiarios o contratistas y las relacionadas con la provisión de artículos como comida, ropa y medicina «destinado a ser utilizado para aliviar el sufrimiento humano».

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