La red social TikTok tiene la intención de demandar a la administración del presidente Donald Trump ante los planes estadounidenses de bloquear la aplicación de propiedad china en el país. Las fuentes consultadas por Reuters prevén que esta demanda se presente la próxima semana.

La base de la argumentación de la filial Bytedance será que el presidente Trump le ha negado a la empresa el debido proceso cuando el presidente emitió la orden ejecutiva el 6 de agosto que exigía que las transacciones con la aplicación se detuvieran en un plazo de 45 días. Su razonamiento, los riesgos para la seguridad nacional que conlleva la app por la captura de «grandes cantidades de información de sus usuarios».

“No estamos en absoluto de acuerdo con las preocupaciones de la Administración. A pesar de ello, hemos tratado de participar de buena fe durante casi un año para proporcionar una solución constructiva”, aseguraron al diario Financial Times fuentes de TikTok durante el fin de semana. “En vez de eso”, prosiguen las fuentes, “nos hemos encontrado sin el debido proceso, dado que la Administración no ha hecho caso de los hechos y ha tratado de inmiscuirse en negociaciones entre empresas privadas”.

El pasado 14 de agosto, el Presidente Trump anunció que daba 90 días a ByteDance, propietaria de TikTok, para finalizar sus operaciones en Estados Unidos y deshacerse de los datos recabados. Además de TikTok, la Administración Trump ha tomado medidas contra otras compañías como WeChat, software de mensajería que ha evolucionado hacia una aplicación con múltiples servicios. Trump, incluso, sugirió que el Tesoro de los EE UU debería recibir un «gran porcentaje» de las ganancias de la venta.

Así, TikTok ha explicado que no le queda “otra opción” que “desafiar la Orden Ejecutiva a través del sistema judicial” para “asegurar que el Estado de Derecho sea tenido en cuenta y los usuarios sean tratados de manera justa”

La demanda, que se centrará específicamente en la orden del 6 de agosto, prestará especial atención al uso que ha hecho el Gobierno de EE UU de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, la cual otorga al presidente una amplia gama de poderes para regular las transacciones económicas en caso de emergencia nacional. Esta ley fue promulgada en 1977 y se ha invocado en los últimos años para imponer sanciones a personas y ciberdelincuentes.