El canciller del gobierno en disputa de Venezuela Jorge Arreaza anunció que su país está construyendo una «arquitectura alternativa» para enfrentar las nuevas sanciones, pero admitió que será «más difícil» y «costoso» diseñar los «caminos alternativos».
Desde la sede de la Cancillería, Arreaza informó que la administración de Nicolás Maduro está trabajando con los gobiernos aliados para definir las vías alternas, aunque no ofreció detalles de los planes ni dijo qué países estarían participando.
Luego que EE.UU. anunciara la congelación de activos de Venezuela, el ministro Arreaza acusó a Washington de buscar transformar a Venezuela en su «territorio de su guerra geopolítica contra Rusia y contra China» y de tratar de «implosionar» el proceso de diálogo impulsado por Oslo.
Arreaza descartó que el gobierno de Maduro vaya a salir del mecanismo de negociaciones y anunció que «vendrán importantes noticias de acuerdo de ese diálogo» si ese proceso no se afecta.
Al preguntarle sobre el impacto de las medidas, el canciller dijo que bienes que superan los 30.000 millones de dólares se verán afectados por las sanciones, incluidos unos 8.000 millones de dólares de la petrolera Citgo, hecho que consideró como el «robo del siglo».
Anteriormente, la vicepresidenta del gobierno en disputa, Delcy Rodríguez dijo que Estados Unidos busca afectar el proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición promovido por Noruega.
Rodríguez declaró el martes que la orden estadounidense de congelar los bienes del gobierno de Nicolás Maduro es un ataque a la propiedad privada y una amenaza al orden mundial.
Estados Unidos busca «amedrentar a países aliados, a proveedores» del gobierno venezolano, denunció la vicepresidenta en una transmisión de la televisora estatal.
«Ningún país está a salvo. Todos están sujeto a este tipo de agresión y de guerra no convencional», sostuvo la vicepresidenta al advertir que con el embargo de Washington pone en peligro la «legalidad internacional» y el respeto a la propiedad.
Anunció que Venezuela acudirá a instancias internacionales para ejercer su «defensa legítima» contra lo que consideró sanciones «ilegítimas» e «ilícitas».
