Departamento de Justicia: Decisión de Trump de poner fin a DACA fue legal

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El Departamento de Justicia presentó un informe legal a la Corte Suprema esta semana, según el cual el presidente Donald Trump actuó legalmente cuando decidió terminar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

El programa data de septiembre de 2017, y fue aprobado durante la presidencia de Barack Obama.

Abogados del Departamento de Justicia dieron la conclusión de que «DACA es ilegal», citando al Departamento de Seguridad Nacional, según un informe presentado a la Corte Suprema el lunes por la noche.

También se conoció que la Corte Suprema comenzará a escuchar argumentos en noviembre. Se espera un fallo en el año de las elecciones presidenciales del 2020.

Una decisión a favor de Trump permitiría al presidente deportar a más de un millón de adultos jóvenes que residen en Estados Unidos bajo la protección de DACA, creada bajo una orden ejecutiva en 2012.

El programa brinda a algunos inmigrantes ilegales, conocidos como «dreamers» y que fueron traídos a los Estados Unidos cuando eran niños, la oportunidad de recibir una renovación cada dos años de la suspensión de deportación y ser elegible para un permiso de trabajo.

En 2017, la administración Trump anunció su plan para eliminar el programa, pero los tribunales federales han dictaminado que la eliminación no podría aplicarse retroactivamente y que el programa debería reiniciarse.

La Casa Blanca contraatacó esas decisiones, diciendo que el presidente tiene una amplia autoridad sobre la política de aplicación de la ley de inmigración. Los tribunales federales de apelaciones de todo el país han rechazado los esfuerzos del gobierno federal para avanzar en la eliminación gradual del programa de la era de Obama.

Los defensores de DACA también han argumentado que la terminación planificada del programa de Trump viola la ley federal que requiere períodos adecuados de notificación y comentarios antes de que se cambien ciertas reglas federales, así como otras garantías constitucionales de igualdad de protección y debido proceso.

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